Aumento en las expulsiones

This article was originally published in The Notebook. In August 2020, The Notebook became Chalkbeat Philadelphia.

A diferencia de otros estudiantes de 11mo grado, Kyle Mechin sabe exactamente lo que quiere hacer después de la escuela superior.

“Quiero estudiar cinematografía en UCLA. Me gustaría ser director de películas de horror”, dijo.

Mechin, estudiante de A y B en la Escuela Superior de Artes y Tecnología Swen­son, estaba encaminado a lograr su objetivo. Estaba tomando una clase de medios digitales para aprender cómo hacer cine, y le alentaba la noticia de que una amiga que tomó la misma clase recibió una beca completa para asistir a la universidad que deseaba como resultado de su labor en ese curso.

Pero en septiembre, después de que en la escuela encontraran un par de tijeras de dos pulgadas en su mochila, Mechin fue transferido a Shallcross, una escuela disciplinaria operada por Camelot Schools of Pennsylvania. La ofensa violó la política de cero tolerancia del Distrito, la cual establece que los estudiantes no pueden traer a la escuela materiales que pudieran usarse como armas. De acuerdo con la Ley 26 de Pensilvania, las tijeras de Mechin – cuyas puntas no son más largas que sus dedos – son consideradas como un arma.

Mechin dijo que no sabía que las tijeras estaban en su mochila. Su novia las había puesto ahí la noche anterior después de limpiar su cartera y olvidó sacarlas después. A pesar de los testimonios en su defensa durante su audiencia y recomendaciones de los maestros afirmando su buena conducta, Mechin fue expulsado de Swenson.

Desde el pasado otoño, las políticas de cero tolerancia del Distrito han puesto a cientos de estudiantes en el camino a la expulsión. Los casos cuestionables como el de Mechin no son fáciles de cuantificar, pero tampoco son las excepciones.

En Shallcross, Mechin está haciendo tareas de varios grados más elementales que el suyo, solamente tiene 15 minutos para almorzar, tiene que entregar sus artículos personales en bolsas plásticas todos los días, y se le requiere “caminar en protocolo” con las manos detrás de la espalda.

Después de 90 días en Shallcross, a Mechin se le podría dar la oportunidad de volver a solicitar admisión a Swenson. Pero aunque lo readmitan, teme que su futuro haya sido irrevocablemente dañado.

“¿Qué universidades me van a considerar ahora?”, lamentó.

No se aceptan excusas

Filadelfia, como muchos otros distritos, emplea políticas de cero tolerancia para evitar la violencia y mejorar el clima escolar. Pero cada vez se reciben más quejas de que los defectos en el proceso de disci­plina están incluyendo injustamente a algunos estudiantes mientras someten a otros a demoras excesivas y posiblemente violan sus derechos a tener un proceso debido.

El grupo de defensa Community Responses to Zero Tolerance se reunió en e­nero en respuesta a la nueva política de cero tolerancia del Distrito, dijo Harold Jordan, miembro y organizador comunitario de la American Civil Liberties Union (ACLU).

“Cuando se tienen políticas como la de cero tolerancia, frecuentemente existe cierto tipo de rigidez que no es apropiada para todas las situaciones”, dijo.

Desde que la Superintendente Arlene Ackerman apretó la cero tolerancia en el 2008-09, cualquier estudiante que cometa una ofensa de Nivel 2 (según se detalla en el Código de Conducta del Estudiante) en la escuela, en propiedad escolar, o durante cualquier actividad auspiciada por la escuela podría enfrentar suspensión, ser referido a una escuela alternativa o expulsión. Un cambio grande bajo Ackerman es que aquellos que cometan ofensas de Nivel 2 clasificadas por el Distrito como “ofensas a la cero tolerancia” serán automáticamente su­spendidos con probabilidad de expulsión.

Benjamín Wright, superintendente regional de la Región de Educación Alternativa (AER, Alternative Education Region), dijo que las “ofensas a la cero tole­rancia” son posesión de un arma, posesión de drogas o alcohol con la intención de distribuirlas o usarlas, agresión contra el personal de la escuela y agresión agravada contra otros estudiantes.

“Cero tolerancia significa que el estudiante se considera como una amenaza a la escuela y tiene que salir inmediatamente”, dijo Wright.

Pero Wright enfatizó que la expulsión del Distrito no puede ocurrir sin una audiencia formal y luego una votación por la Comisión para la Reforma Escolar.

Durante el año escolar 2008-09, la SRC consideró 193 casos de expulsión y 166 estudiantes fueron expulsados. Este año, la SRC ya tiene 90 casos de expulsión que considerar – los cuales incluyen casos del año pasado, alegan las personas que abogan por los estudiantes. Pero a tres meses después de empezado el año, la SRC sólo ha tomado acción en cuatro de esos casos.

Proceso

Si un estudiante comete una ofensa de Nivel 2, el primer paso es que el principal investigue el incidente, llene los formularios disciplinarios y recomiende una consecuencia. Se tiene una confe­rencia con los padres, y el superintendente regional revisa todos los documentos relacionados con la recomendación. Si la recomendación es transferir al estudiante a una escuela alternativa o expulsarlo, los documentos son enviados a la AER para que programe una audiencia de transferencia.

Bajo las leyes de Pensilvania, todas las audiencias relacionadas con una posible expulsión tienen que ocurrir en un plazo de 15 días escolares desde el momento en que al estudiante se le informe de los cargos. Excepto cuando el estudiante represente una amenaza, la ley requiere que mientras tanto permanezca en su escuela regular.

En la audiencia se aceptan testimonios de testigos y el estudiante puede traer un abogado. El funcionario de la audiencia puede exonerar al estudiante, ordenar que sea transferido a una escuela alternativa, o pedir que sea expulsado.

Si recomienda la expulsión, el caso es enviado a la Oficina Legal del Di­strito para programar una segunda audiencia. La expulsión ocurre únicamente después del voto de la SRC, que Wright dijo ocurre en un plazo de dos meses.

Sin embargo, según David Lapp (abogado del Education Law Center), 11 estudiantes re­presentados por esa organización sin fines de lucro el año pasado espe­raron en promedio cuatro meses por la primera audiencia y casi seis meses por el voto de la SRC. El Distrito y las personas que abogan por los estudiantes tienen diferentes opiniones en cuanto a si esas demoras son ilegales bajo el código escolar.

Lapp dijo que es “atroz” que el Distrito ponga a algunos estudiantes en escuelas de disciplina antes de las audiencias.

Jordan estuvo de acuerdo, diciendo “Esta noción de que se puede remover a un estudiante automáticamente sin al menos hacer algo preliminar es un pro­blema, porque entonces surgen dudas sobre la justicia y la interrupción que se crea en la educación de ese niño”.

Chalissa Morrison fue transferida en febrero de la Escuela Superior West Philadelphia a la escuela Community Education Partners (CEP), plantel Miller, sin una audiencia después de que oficiales de su escuela encontraran un cuchillo de mesa en su bolsa de libros.

“La noche anterior salí tarde de la casa de mi mejor amiga para la mía y ella lo puso ahí para que me protegiera”, dijo Morrison. A ella se le olvidó que estaba ahí cuando fue a la escuela al día siguiente.

El personal de la escuela llamó a la policía inmediatamente. Morrison, que es una estudiante mentalmente talentosa, fue esposada y llevada al 18vo Di­strito de la Policía, donde esperó sentada “y lloró” por 14 horas. Después de salir, fue suspendida por cinco días. Morrison regresó entonces a West.

“Pero mientras estaba en clase haciendo mi trabajo, la persona encargada de la disciplina me llamó y me entregó una carta que decía que tenía que irme al CEP”.

Durante los cinco meses que estuvo en la escuela de disciplina, Morrison rotó entre los mismas cuatro clases en un entorno que describió más como una “prisión” que un ambiente de aprendizaje. La audiencia fue finalmente en junio. La exoneraron y fue readmitida a la West, donde ahora es estudiante de 12mo grado pero no sin haber tenido una interrupción significativa en su carrera académica.

“En muchos de nuestros casos el estu­diante es exonerado porque se ve claramente en la audiencia que no es una persona violenta [ni con intenciones de serlo]. Pero mientras tanto, estuvo fuera de su escuela regular por meses”, dijo Lapp.

Toma de la decisión

Aunque las recomendaciones disciplinarias comienzan al nivel de la escuela, los funcionarios de audiencia (quienes trabajan en la AER) son quienes determinan a dónde irán los estudiantes.

Ocho funcionarios de audiencias conducen de seis a siete casos al día, estudiando minuciosamente los formularios de referidos disciplinarios, las declaraciones de los testigos y los BPRs (Behavior Performance Reviews), los cuales son informes que determinan si hay evidencia – no identificada antes – de que el estudiante se debe evaluar para determinar si es elegible para servicios de educación especial.

Heloise Jettison, directora ejecutiva en la región alternativa, dijo que se hacen investigaciones antes de que el paquete de referido llegue a esa oficina, lo que permite que los funcionarios de audiencia sean “imparciales. No incluimos nada de afuera”.

Jettison dijo que aunque a los funcionarios no se les requiere ser abogados, todos cuentan con títulos universitarios de cuatro años y pueden descifrar la ley. Ella añade que la mayoría tiene experiencia en educación y trabajo social.

Tres de los funcionarios trabajaron anteriormente como personal de disci­plina y abandono escolar (DTLs, Discipline Truancy Liaisons) en las oficinas regionales.

Mejoras en el proceso

Wright reconoció que el año pasado se cometieron errores al poner estu­diantes en escuelas de disciplina sin haber tenido audiencia pero dijo que esto ya no está ocurriendo.

“Primero hay que tener una audiencia y se necesita permiso del superintendente regional para hasta solicitar una transferencia”, dijo.

En lo que respecta al tiempo que toma, Wright dijo que ahora “cada estudiante tiene audiencia dentro de los primeros 10 días”. Para ayudar a manejar los casos de disciplina el Distrito ha simplificado su proceso con la adición de más personal a fin de asegurar que los estudiantes pasen rápidamente por el proceso, dijo Wright.

Diez DTLs (que el año pasado trabajaron con Wright directamente en las oficinas centrales del Distrito) han sido enviados ahora a las regiones, donde se espera que revisen la documentación de cada ofensa y la envíen a la AER en los cuatro días después del incidente.

Además de los ocho funcionarios de audiencias a tiempo completo hay otros tres disponibles, y ahora cinco funcionarios de transición están trabajando en escuelas alternativas para asegurar que los estu­diantes reciban apoyo y preparación para regresar a un ambiente escolar regular.

Además, el Distrito ha abierto dos escuelas nuevas, las Philadelphia Learning Academy Norte y Sur, para estudiantes que han sido expulsados o están esperando por una audiencia de expulsión.

Lapp le da crédito al Distrito por las mejoras, pero advierte que el uso de cero tolerancia todavía puede poner en riesgo las carreras académicas de estudiantes buenos.

Mechin está de acuerdo. “El Distrito debe investigar los casos más a fondo”, dijo. “Probablemente hay muchos estudiantes buenos perdiendo oportunidades por situaciones que ni siquiera fueron su culpa”.